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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega con una votación de tres a cinco a su favor, ordenando su libertad inmediata.

CEJIL, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz manifiestan su rechazo ante esta decisión, resultado de un estudio de un recurso de casación en contra del fallo de segunda instancia que condenó al coronel (r) Plazas Vega a 30 años de prisión.

Las familias de los normalistas rurales de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados durante un operativo policial implementado por agentes estatales y federales, en diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, junto a Gerardo Torres Pérez, normalista víctima de tortura, denunciaron al Estado mexicano frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro pleno apoyo a la importante labor del GIEI. El GIEI está integrado por cinco expertos independientes, reconocidos a nivel internacional en las áreas de la investigación penal, derechos humanos y la atención a las víctimas: Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa. Han llevado a cabo una investigación muy profesional y elaboraron un informe detallado y ampliamente fiable.

Ayer se cumplieron 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Palamara Iribarne. En esta sentencia se condenó a Chile por la violación de derechos humanos y se le ordenó reformar la jurisdicción militar, por ser incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. Pese al tiempo transcurrido, Chile no ha hecho nada por cumplir con lo dictado al respecto en la sentencia.

República Dominicana condenada por la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo el 22 de Octubre, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia. El comunicado completo aquí.