CEJIL y otras organizaciones

Liberan al coronel Plazas Vega, juzgado por la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega con una votación de tres a cinco a su favor, ordenando su libertad inmediata.

CEJIL, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz manifiestan su rechazo ante esta decisión, resultado de un estudio de un recurso de casación en contra del fallo de segunda instancia que condenó al coronel (r) Plazas Vega a 30 años de prisión.

Jue, 17/12/2015

Washington D.C., 17 de diciembre de 2015.- El día de ayer, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega con una votación de tres a cinco a su favor, ordenando su libertad inmediata. De esta manera, Plazas Vega queda eximido de toda responsabilidad por la desaparición forzada de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia ocurrida en Bogotá el 7 de noviembre de 1985 y ordena investigar a los miembros de las fuerzas militares por exceso del uso de la fuerza durante la operación.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz manifiestan su rechazo ante esta decisión, resultado de un estudio de un recurso de casación en contra del fallo de segunda instancia que condenó al coronel (r) Plazas Vega a 30 años de prisión.

A pesar de las dos condenas previas y las numerosas pruebas existentes en los procesos, la Corte Suprema considera en casación que no existen suficientes evidencias que relacionen a Plazas Vega con la desaparición de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera.

Al respecto, existen gran cantidad de pruebas testimoniales que al parecer fueron  desconocidas por el Alto Tribunal y que sitúan al Coronel Plazas Vega en el puesto de mando adelantado ubicado en la Casa del Florero, gestionando el traslado, las órdenes de tortura y retención a las personas sospechosas de ser guerrilleras o “especiales”. Por ello, resulta inexplicable que la Sala desconozca la participación directa de Plazas Vega en la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, quienes salieron con vida del Palacio en poder del ejército y fueron conducidos a este puesto de mando sin que hasta hoy se tenga conocimiento de su paradero.

Además, como parte del plan elaborado por el Ejército Nacional, se garantizó la disposición previa de sitio para ubicar el Puesto de Mando Adelantado en la Casa del Florero y en donde se apostarían los miembros del Ejército una vez iniciada la toma, con los álbumes fotográficos de los integrantes del M-19.  En este lugar también fue ubicado Plazas Vega por las víctimas de tortura que rindieron declaración dentro del proceso penal.

Asimismo, la decisión de la CSJ declara parcialmente nulas una serie de reparaciones que, en su momento, fueron ordenadas de acuerdo a los estándares de derecho internacional, así como a la publicación de la sentencia en la web del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional por un año como una garantía de no repetición; la prohibición de que las unidades militares lleven el nombre del acusado; y la celebración por parte del Ejército de un acto de reconocimiento público para pedir perdón por los actos que llevaron a la desaparición forzada de la dos víctimas.

“El fallo es una afrenta a la verdad y a la justicia por las cuales las víctimas, sus familiares y la sociedad colombiana llevan luchando durante más de 30 años. A través de esta decisión la Corte Suprema de Justicia demuestra un gran desconocimiento y el desacato de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en el caso del Palacio de Justicia”, señaló Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El 9 de junio de 2010, el coronel (r) fue condenado en primera instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 12 personas. Dicha sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de 2012, en la que Plazas Vega fue juzgado como “autor mediato” de la despaparición de Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Con ello, Plazas Vega fue una de las primeras personas condenadas en segunda instancia en relación al caso del Palacio de Justicia.

“Esperamos que las propuestas que están siendo realizadas por la Fiscalía General de plantear nuevas líneas de investigación sobre del abuso de fuerza en la retoma del Palacio de Justicia por parte de integrantes Fuerza Pública colombiana, rindan resultados concretos y duraderos de sancionar a los responsables de los hechos”, dijo Rafael Barrios, abogado de Cajar.

El 10 de diciembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado colombiano por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia. El Tribunal interamericano ordenó al Estado llevar a cabo la investigación y sanción de todos los responsables. Hasta la fecha existían solamente dos condenas por algunas de las desapariciones forzadas. Una contra el general (r) Arias Cabrales por la desaparición de cinco víctimas y otra contra el coronel (r) Plazas Vega, quien se encontraba privado de libertad desde hacía nueve años. La absolución de Plazas Vega significa que solamente existe una condena vigente en relación a estos graves hechos.

Las organizaciones adscritas a este comunicado reiteran la obligación del Estado de cumplir en su integralidad el fallo de la Corte IDH.  Asimismo, el paso dado ayer por la Corte Suprema en este caso emblemático, no sólo supone una nueva afrenta hacia los familiares de los desaparecidos y la sociedad colombiana, sino que limita el impacto del acto de reconocimiento de responsabilidad, realizado hace apenas un mes por el Presidente de la República, durante el cual reconoció que las cicatrices provocadas por “la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia… solo se irán borrando en la medida en que haya respuestas, verdad y compromiso por encontrar a los desaparecidos”. El Estado colombiano debe cumplir con sus responsabilidades internacionales, esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas durante la retoma del Palacio de Justicia.

Estados mesoamericanos deben resolver de forma coordinada la crisis migratoria de la población cubana en Costa Rica

Ante la situación de la población cubana que se encuentra en tránsito por Costa Rica, CEJIL y la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) instan a los Estados mesoamericanos a garantizar que las personas migrantes reciban un trato digno, independientemente de su situación migratoria y aseguren el respeto de sus derechos humanos.

Vie, 20/11/2015

San José, 20 de noviembre de 2015.- Ante la situación de la población cubana que se encuentra en tránsito por Costa Rica, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) instan a los Estados mesoamericanos a garantizar que las personas migrantes reciban un trato digno, independientemente de su situación migratoria y aseguren el respeto de sus derechos humanos.

La semana anterior se hizo pública la crisis que hoy enfrentan cerca de 2500 hombres, mujeres, niños y niñas cubanas, quienes esperan en la frontera de Costa Rica con Nicaragua el aval de este último país para seguir su ruta hacia los Estados Unidos.

Considerando que estas personas han manifestado que están saliendo de su país por razones humanitarias o de protección, exhortamos a los Estados mesoamericanos a permitir que puedan ingresar y transitar por sus territorios a través de canales regulares, con el objetivo de evitar el uso de vías clandestinas que agravan su situación de vulnerabilidad y les expone a ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.

Los flujos migratorios por la región Mesoamericana son del conocimiento de las autoridades estatales, por lo que es imperativo que los Estados actúen en forma coordinada y respetando las obligaciones internacionales en la materia, de manera que se garanticen los derechos de estas poblaciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que El respectivo Estado debe, en toda circunstancia, respetar tales derechos puesto que ellos [en referencia a las personas migrantes] tienen su fundamento precisamente en los atributos de la persona humana, es decir, más allá de la circunstancia de que sea o no su nacional o residente en su territorio o se encuentre transitoriamente o de paso en él o esté allí legalmente o en situación migratoria irregular”.

Al abordar esta crisis, los Estados también deben tomar en cuenta el Principio de No Devolución (non-refoulement). Para ello, es preciso considerar lo establecido por la citada Corte IDH en cuanto a que “en el sistema interamericano está reconocido el derecho de cualquier persona extranjera, y no solamente a los asilados o refugiados, a la no devolución indebida cuando su vida, integridad y/o libertad estén en riesgo de violación, sin importar su estatuto legal o condición migratoria en el país en que se encuentre”.

Apoyamos todas las gestiones que tengan como objetivo facilitar el tránsito de esta población de manera digna, estable y segura, así como las medidas que prevengan la intervención de traficantes ilícitos de migrantes. En tal sentido, es importante que los Estados valoren el otorgamiento de visas humanitarias como mecanismo de protección para regularizar la permanencia de personas que no califican como refugiadas pero cuyo retorno no es posible o recomendable por razones humanitarias u otras de especial relevancia. Asimismo, al aplicar esta figura u otra similar, los Estados deben garantizar sus derechos humanos (entre estos, salud, alimentación), y en el caso de los niños y niñas se requiere una protección especial a la luz de la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Respecto de aquellas personas que soliciten protección internacional (asilo o refugio), tal y como se comprometieron en la Declaración de Brasil y en su Plan de Acción, los Estados deben asegurar el acceso efectivo a procedimientos de determinación de dicha condición, respetuosos del debido proceso legal y de los estándares regionales e internacionales.

Instamos a los organismos internacionales de protección, como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se dirijan a los Estados que correspondan y exhorten a las autoridades a resolver esta crisis humanitaria en pro del bienestar de la población cubana en tránsito.

Respetuosamente hacemos un llamado a los gobiernos mesoamericanos para que se abra un diálogo franco, constructivo, inclusivo y participativo, que permita tomar acciones efectivas para la protección de la población migrante así como cumplir con la debida diligencia en las investigaciones relacionadas con las actuaciones de actores estatales y no estatales que violentan los derechos de estas personas.

(foto: mundo.sputniknews.com)

ONAT apoya acciones de las autoridades para disminuir hacinamiento en cárceles costarricenses

El Ministerio de Justicia anunció recientemente el cambio de régimen de 570 personas privadas de libertad en las cárceles de Costa Rica. La medida implica que estas personas pasarían a un régimen de control semi institucional, lo cual está previsto en la legislación costarricense.

Las instituciones y organizaciones que forman parte del Observatorio Nacional de prevención contra la Tortura y la Violencia Institucional de Costa Rica (ONAT-CR) reciben la decisión del Ministerio de Justicia con optimismo por cuanto es un paso pequeño pero significativo para cumplir con las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos que ha asumido el Estado costarricense.

Mar, 17/11/2015


 

San José, 17 de noviembre de 2015.- El Ministerio de Justicia anunció recientemente el cambio de régimen de 570 personas privadas de libertad en las cárceles de Costa Rica. La medida implica que estas personas pasarían a un régimen de control semi institucional, lo cual está previsto en la legislación costarricense.

Las instituciones y organizaciones que forman parte del Observatorio Nacional de prevención contra la Tortura y la Violencia Institucional de Costa Rica (ONAT-CR) reciben la decisión del Ministerio de Justicia con optimismo por cuanto es un paso pequeño pero significativo para cumplir con las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos que ha asumido el Estado costarricense.

Según datos del Ministerio de Justicia, hasta el 15 de septiembre de este año, el hacinamiento en las cárceles del país ascendía a un 57.1 %. Esto significa que en un espacio diseñado para 9.130 personas estaban conviviendo 13.889 personas.

El hacinamiento genera mayores índices de violencia entre las personas privadas de libertad, aumenta las probabilidades de que se propaguen enfermedades, y constituye, en sí mismo, un trato cruel, inhumano y degradante.

Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los Estados son “garantes de los derechos de los detenidos, y deben ofrecer a éstos condiciones de vida compatibles con su dignidad”. Asimismo el máximo tribunal de derechos humanos del continente ha establecido que “la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal”.

Desde hace algunos años Costa Rica no está cumpliendo con estos estándares mínimos. En su lugar, ha aumentado el uso de la prisión y consecuentemente los índices de hacinamiento se han disparado.

Lo anterior, contraviniendo lo reiterado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia referente a la obligación del Estado costarricense de enmendar las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios a efectos de evitar vulneraciones a los derechos humanas de las personas que se encuentran privadas de libertad.

Erróneamente, algunos sectores consideran que la prisión es la respuesta para resolver la inseguridad ciudadana, sin embargo, las estadísticas demuestran que esto no es cierto. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, hasta el

30 de septiembre de este año se han presentado 100 homicidios más que en el 2014.

Instamos a las autoridades costarricenses a revisar la política criminal existente así como a generar un diálogo nacional, para establecer una verdadera política penitenciaria que garantice los derechos de las personas privadas de libertad, en particular, la readaptación social y la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

El ONAT está conformado entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, entre ellas: Defensa de Niñas y Niños Internacional-DNI Costa Rica, la Defensa Pública de Costa Rica, la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y tiene como principal objetivo prevenir y denunciar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las personas sometidas a cualquier forma de detención por parte del Estado de Costa Rica, así como la promoción de sus derechos humanos.

Violencia obstétrica en Costa Rica llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información sobre la problemática de violencia obstétrica en Costa Rica.

La falta de respuestas claras a sus preguntas, la indisposición, impaciencia o negativa a aclarar las dudas, la descalificación de lo que como mujeres gestantes están sintiendo, la aplicación inadecuada de técnicas como rompimiento de membranas, el uso de medicamentos para acelerar las contracciones, así como la implementación de maniobras médicas y/o quirúrgicas que generan daños físicos a la mujer o al feto, fueron expuestas hoy en la audiencia mediante un video donde participaron Wendoly Segura, Marianela Montero y Rebeca Jarquín, víctimas de violencia obstétrica.

Vie, 23/10/2015

Washington D.C., 23 de Octubre de 2015.- El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información sobre la problemática de violencia obstétrica en Costa Rica.

 

La falta de respuestas claras a sus preguntas, la indisposición, impaciencia o negativa a aclarar las dudas, la descalificación de lo que como mujeres gestantes están sintiendo, la aplicación inadecuada de técnicas como rompimiento de membranas, el uso de medicamentos para acelerar las contracciones, así como la implementación de maniobras médicas y/o quirúrgicas que generan daños físicos a la mujer o al feto, fueron expuestas hoy en la audiencia mediante un video donde participaron Wendoly Segura, Marianela Montero y Rebeca Jarquín, víctimas de violencia obstétrica.

 

De igual forma se presentó la información recopilada por la Defensoría de los Habitantes en la que se evidencia la grave situación que existe en dos hospitales regionales en las Provincias de Limón y Guanacaste, donde se atienden alrededor de 4.000 partos al año en cada uno de ellos. A pesar de las altas cifras, no se cuenta con la cantidad apropiada de personal médico y especialistas en gineco-obstetricia para darles atención adecuada.

 

Investigaciones del CIEM revelan que este tipo de maltratos ocurre también en la consulta prenatal en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) o clínicas de atención, además del ámbito hospitalario. De igual forma se señaló que las mujeres que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad son aquéllas de estrato socioeconómico más bajo, indígenas y migrantes, así como las niñas y adolescentes, dato que se deriva del informe generado por el CIEM ya que no se cuenta con datos oficiales sobre este tema.

 

Pese a este contexto, no existe en Costa Rica una política pública para prevenir, sancionar y erradicar la violencia obstétrica, ni el personal de los centros médicos públicos ni los estudiantes de ciencias de la salud reciben capacitación en derechos humanos y con perspectiva de género.

 

Las organizaciones también se refirieron a la ausencia de mecanismos de apoyo y asesoría para denunciar este tipo de violencia lo que impide el acceso a la justicia, y provoca que la mayoría de los casos queden en la impunidad o completamente invisibilizados.

 

Ante estos señalamientos, los representantes del Estado costarricense presentes en la audiencia enunciaron diversas acciones que está implementando la Caja Costarricense de Seguridad Social. Sin embargo calificaron la problemática de violencia obstétrica como hechos aislados y reprocharon el traer estos casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto comisionados como peticionarias lamentaron esta respuesta del Estado costarricense y le recordaron la importancia de valorar la audiencia como un espacio de diálogo, no como una denuncia.

Las peticionarias reconocen que existen algunas iniciativas positivas por parte del Estado, no obstante señalan que se requiere una respuesta más integral y permanente por lo que le instan a adoptar políticas públicas que corrijan las prácticas institucionales actuales para garantizar la protección efectiva de los derechos reproductivos de las mujeres. Además le solicitaron a la CIDH  monitorear la situación de violencia obstétrica en Costa Rica.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a Nicaragua la protección de los miskitos de la Costa Caribe Norte

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió ayer medidas cautelares para la protección de los miembros de las comunidades de Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, del territorio indígena Miskitu de Wangki Twi-Tasba Raya en Nicaragua.

La Comisión encontró que la situación en la que se encuentran los pobladores miskitos reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para otorgar una medida cautelar. En consecuencia, solicitó al Estado de Nicaragua que brinde protección inmediata a la vida e integridad de los indígenas en estas comunidades —que suman aproximadamente 1,550 habitantes— y que además le informe sobre las acciones adoptadas para investigar los asesinatos, las amenazas y agresiones de las que han sido víctimas los beneficarios de las medidas de protección, de manera que se evite la repetición de este tipo de hechos.

Sáb, 17/10/2015

San José, 16 de octubre de 2015.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió ayer medidas cautelares para la protección de los miembros de las comunidades de Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, del territorio indígena Miskitu de Wangki Twi-Tasba Raya en Nicaragua.

La Comisión encontró que la situación en la que se encuentran los pobladores miskitos reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para otorgar una medida cautelar. En consecuencia, solicitó al Estado de Nicaragua que brinde protección inmediata a la vida e integridad de los indígenas en estas comunidades —que suman aproximadamente 1,550 habitantes— y que además le informe sobre las acciones adoptadas para investigar los asesinatos, las amenazas y agresiones de las que han sido víctimas los beneficarios de las medidas de protección, de manera que se evite la repetición de este tipo de hechos.

El pueblo Miskitu se encuentra asentado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Las cuatro comunidades afectadas, están localizadas, más concretamente, sobre el margen sur del Río Coco o Wangki, en el Municipio de Waspam. Sus territorios han sido invadidos y ocupados por “colonos” que alegan tener derechos sobre partes del territorio.

Cifras del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) revelan que del 2013 al 2015 han sido agredidos aproximadamente 54 habitantes de dichas comunidades indígenas, de los cuales 24 fueron asesinados. Además cientos de personas han sido forzadas a huir —obligadas por la situación de violencia generalizada— llegando al menos 361 a Puerto Cabezas, y el resto a la frontera con Honduras.

Los ejemplos más recientes ocurrieron el pasado mes de septiembre con el asesinato de Mario Leman Müller, dirigente del partido político YATAMA y la agresión de Constantino Rommel —vicepresidente del territorio al que pertenecen las cuatro comunidades ahora protegida—, gravemente herido.

Ante estos graves hechos, la Comisión decidió otorgar las medidas cautelares a favor de las cuatro comunidades miskitas antes señaladas. Dichas medidas fueron solicitadas por CEJUDHCAN y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el pasado 3 de octubre del 2015.

Es fundamental que el Estado implemente medidas urgentes para eliminar el riesgo que enfrentan los miskitos, finalizando con el proceso de saneamiento de las tierras indígenas y además implementando acciones urgentes para proteger y garantizar los derechos de estos pueblos. CEJIL y CEJUDHCAN exigen al gobierno nicaragüense cumplir con lo dispuesto por la CIDH de forma inmediata.

Corte Interamericana declara incumplimiento de Venezuela frente a ejecuciones extrajudiciales de integrantes de la familia Barrios

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que Venezuela ha incumplido con las medidas de reparación que le impuso en su sentencia de 2011 por el caso de la familia Barrios, en el que diez miembros de dicha familia fueron ejecutados extrajudicialmente, en su mayoría por agentes de la policía.

Benito Antonio (1998), Narciso (2003) y Rigoberto Barrios (2005) —este último de tan solo 16 años de edad—, fueron ejecutados por agentes de la policía del estado de Aragua. En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011). Ante estas muertes y otras agresiones enfrentadas por familiares, la Corte IDH emitió un fallo el 24 de noviembre de 2011 en donde condenó a Venezuela. Aun así, Jorge Antonio Barrios (2012), Víctor Tomás Navarro Barrios (2012) y Roni David Barrios Alzul (2013) fueron asesinados posteriormente a la sentencia y en circunstancias similares.

Jue, 01/10/2015

Washington D.C., 1 de octubre de 2015.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que Venezuela ha incumplido con las medidas de reparación que le impuso en su sentencia de 2011 por el caso de la familia Barrios, en el que diez miembros de dicha familia fueron ejecutados extrajudicialmente, en su mayoría por agentes de la policía.

Benito Antonio (1998), Narciso (2003) y Rigoberto Barrios (2005) —este último de tan solo 16 años de edad—, fueron ejecutados por agentes de la policía del estado de Aragua. En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011). Ante estas muertes y otras agresiones enfrentadas por familiares, la Corte IDH emitió un fallo el 24 de noviembre de 2011 en donde condenó a Venezuela. Aun así, Jorge Antonio Barrios (2012), Víctor Tomás Navarro Barrios (2012) y Roni David Barrios Alzul (2013) fueron asesinados posteriormente a la sentencia y en circunstancias similares.

De acuerdo con la resolución publicada el pasado 28 de septiembre, la Corte señaló que a más de tres años de haber iniciado la supervisión de cumplimiento de la sentencia, el Estado venezolano no ha realizado un esclarecimiento efectivo de los hechos. La Corte destacó que, a pesar de la identificación de los autores de las muertes de dos de las víctimas, no se ha efectuado condena alguna.

“Han pasado 16 años desde que iniciaron los hechos que el Estado tenía como obligación de investigar, el caso permanece en la impunidad”, dijo Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Es imprescindible que Venezuela procese y sancione a todos aquellos responsables por estos crímenes”.

La Corte también citó un incumplimiento de las demás reparaciones y del deber de informar sobre las mismas. Recalcó que, además de la falta de información sobre los avances en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales, en los casos de los integrantes que sufrieron de privación de libertad, amenazas y allanamientos, no ha existido actualización alguna. Ante estas ausencias, el Tribunal Interamericano subrayó la importancia de mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto a todas las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia.

“Esta resolución emitida por la Corte envía un mensaje muy claro”, señaló Liliana Ortega, Directora Ejecutiva de Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC): “las víctimas de la familia que han presentado sus demandas ante la Corte Interamericana todavía cuentan con el apoyo de este Tribunal para obtener reparaciones a pesar de las denuncias hechas por Venezuela contra la Convención Americana”.

Aunque la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de Venezuela entró en vigor el 10 de septiembre de 2013, el caso de la familia Barrios es uno de 16 casos con sentencias condenatorias emitidas entre 1995 y el 2012 que deben ser acatadas por el Estado venezolano. Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones criminales ordenadas por la Corte por estos hechos permanecen en parálisis procesal. Durante la última década, varios miembros de la familia Barrios han sido sujetos a amenazas y hostigamientos que los han obligado a desplazarse de sus viviendas.

Organizaciones internacionales felicitan al pueblo de Guatemala por sus avances en la lucha contra la impunidad

Desde el pasado abril, miles de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos se movilizaron a lo largo de todo el país rechazando la corrupción y exigiendo que hasta los más altos funcionarios del gobierno fueran investigados y procesados penalmente por actos de enriquecimiento ilícito. Este movimiento espontáneo, pluricultural e intergeneracional, se ha visto motivado por las investigaciones que tanto la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como el Ministerio Público (MP) han presentado y que tienen actualmente a la ex Vicepresidente y al ex Presidente de la República en prisión acusados de delitos de corrupción.
 

Mié, 16/09/2015

El movimiento ciudadano puede ser germen de una nueva cultura de legalidad
 
Washington, D.C, San José y Ciudad de Guatemala, 14 de septiembre de 2015
 
 
Desde el pasado abril, miles de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos se movilizaron a lo largo de todo el país rechazando la corrupción y exigiendo que hasta los más altos funcionarios del gobierno fueran investigados y procesados penalmente por actos de enriquecimiento ilícito.  Este movimiento espontáneo, pluricultural e intergeneracional, se ha visto motivado por las investigaciones que tanto la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como el Ministerio Público (MP) han presentado y que tienen actualmente a la ex Vicepresidente y al ex Presidente de la República en prisión acusados de delitos de corrupción.
 
Como resultado de esta demanda ciudadana y de la diligencia de distintas instituciones estatales, como el MP y la Corte de Constitucionalidad, la justicia está dando señales contundentes que demuestran que ninguna persona, sin importar su origen o grado de poder, está por encima de la ley. Esperamos que éstas deriven en investigaciones y procesos judiciales completos e imparciales para todas las personas involucradas, ya que con ello, se comenzarían a sentar las bases para establecer mejores controles preventivos y para que los actos ilícitos cometidos por los funcionarios públicos sean investigados, perseguidos, juzgados y sancionados por el aparato de justicia así como también condenados moralmente por la sociedad.
 
Ante estos importantes cambios, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro reconocimiento a los guatemaltecos y guatemaltecas que han perseverado en sus reclamos de justicia y cambios políticos, inspirando así a pueblos de otras regiones del mundo. Los momentos de inflexión en coyunturas complejas pueden, sin embargo, resultar ya sea en avances o en retrocesos; y por tanto, son momentos de oportunidad pero también de riesgo. Se requerirá de voluntad política, de un sistema de justicia independiente y del libre ejercicio de la denuncia ciudadana para lograr una transición que permita consolidar lo avanzado en materia de justicia, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y cumplimiento de los derechos humanos.
 
Les instamos a continuar avanzando en el camino recorrido, exigiendo el fortalecimiento de las instituciones y el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los funcionarios públicos, en especial quienes administran justicia. Desde nuestras organizaciones nos comprometemos a continuar observando y acompañando las iniciativas que permitan caminar hacia ese objetivo.
 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Human Rights Advocacy for the Americas (WOLA)
Impunity Watch (IW)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad (Pi)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
 
Contactos:
CEJIL: Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México, maguiluz@cejil.org
DPLF: Leonor Arteaga, Program Officer, larteaga@dplf.org
WOLA: Adriana Beltrán, Senior Associate for Citizen Security, abeltran@wola.org
IW: Mónica Mazariegos, Coordinadora en Guatemala, monica.mazariegos@impunitywatch.org
OSJI: Liliana Gamboa, Program Officer, liliana.gamboa@opensocietyfoundations.org
PI: Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica, representante@plataforma.org.gt
GHRC: Kelsey Alford-Jones, Directora,kajones@ghrc-usa.org

CEJIL apoya labor del GIEI e insta a las autoridades mexicanas a cumplir con las recomendaciones

Luego de los seis meses de mandato, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe, el cual contradice rotundamente la hipótesis expuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) de México y detalla las graves deficiencias en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ocurrida entre los días 26 y 27 de septiembre.

Mar, 08/09/2015

Solicitamos que se prorrogue el mandato del grupo de expertos

Washington D.C. y San José, 7 de septiembre de 2015.- Luego de los seis meses de mandato, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe, el cual contradice rotundamente la hipótesis expuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) de México y detalla las graves deficiencias en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ocurrida entre los días 26 y 27 de septiembre.

Las pruebas analizadas por el GIEI constatan que existió un nivel de conocimiento y coordinación entre las autoridades que aún no ha sido investigado. Además, resalta la preocupación por las acciones y omisiones de diversas autoridades que han tenido como consecuencia el desvío de las investigaciones y llama la atención que no se haya indagado sobre la presencia de un quinto bus que transportó a los normalistas la noche citada.

El informe independiente y riguroso, presentado ayer por los cinco miembros del GIEI revela que el ejército conocía lo que estaba aconteciendo la noche del 26 de septiembre y aun así no prestaron auxilio a los normalistas. Por otra parte, los expertos demostraron mediante prueba científica la imposibilidad de que los cuerpos de los jóvenes hayan sido quemados en el basurero de Cocula.

Ante los hallazgos realizados por el grupo de expertos y el valioso aporte que estos representan a la investigación, CEJIL se une a las voces de los padres de los estudiantes y de las organizaciones representantes que demandan la permanencia del GIEI con el fin de que pueda continuar colaborando en la indagación de los hechos.

“Desde CEJIL secundamos las recomendaciones realizadas por el grupo de expertos, no solo para que se reencaucen las investigaciones con los elementos del informe sino para que además se indaguen todas las desapariciones que han ocurrido en México y se establezcan mecanismos adecuados de prevención, investigación y sanción. El informe del GIEI, sin duda, representa una oportunidad para que México atienda el clamor de justicia de los familiares de las víctimas y avance hacia el camino de la verdad.” sostiene Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

 

Costa Rica debe cumplir sentencia de la Corte IDH y garantizar la Fecundación in Vitro

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes instamos al Estado costarricense a cumplir lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Artavia Murillo y otros y aplicar una normativa que permita la realización de Fecundación in Vitro (FIV) en el país sin ningún tipo de discriminación.

Mié, 19/08/2015

San José, 19 de agosto de 2015.- Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes instamos al Estado costarricense a cumplir lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Artavia Murillo y otros y aplicar una normativa que permita la realización de Fecundación in Vitro (FIV) en el país sin ningún tipo de discriminación.

La prohibición de la FIV fue decretada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2000. Por esta situación la Corte IDH condenó al país en diciembre de 2012 por violar los derechos a la vida privada, los derechos reproductivos y los derechos a la integridad personal de sus ciudadanos. El tribunal internacional ordenó a Costa Rica ejecutar una ley que permita la FIV e incluir esta opción gradualmente en su sistema de salud pública.

Costa Rica siempre ha manifestado disposición para cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos de su población. Cabe destacar que además de ser sede de la Corte IDH, ha ratificado casi todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos y ha tenido un rol destacable de apoyo al sistema interamericano; en sintonía con esto, deben reconocerse los significativos avances implementados para cumplir con la sentencia del caso Herrera Ulloa adecuando el sistema procesal penal vigente.

Considerando la trayectoria del Estado costarricense, nos preocupa que algunas voces de actores internos aboguen por el incumplimiento de la sentencia poniendo en tensión la histórica posición de respeto a los derechos humanos que representa Costa Rica a nivel internacional. Más grave aún, el incumplimiento de la sentencia afecta a las personas a quienes se les sigue violentando sus derechos humanos al privarlas del acceso a este importante método reproductivo.

En su reciente visita a Costa Rica, Tracy Robinson, Relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó: “Ahora es el momento de cumplir con la sentencia de la Corte. Esto no sólo es un aspecto fundamental del Estado de Derecho, sino que es un principio básico del derecho internacional: que todos los tratados celebrados por un Estado son vinculantes para el Estado y deben ser realizados por el Estado, de buena fe. La integridad y legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos depende de la aplicación efectiva de las decisiones de los órganos del Sistema de modo que los derechos garantizados en la Convención Americana se ejecuten”.

Las organizaciones firmantes nos sumamos a las declaraciones de la Relatora Robinson y exigimos la acción pronta y oportuna del gobierno para asegurar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte IDH en el caso FIV y que en la audiencia de cumplimiento, a realizarse el próximo 3 de septiembre, el Estado exprese de manera indiscutible su voluntad política de acatar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, El Salvador

Amnistía Internacional (AI), organización internacional

Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), El Salvador

Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala

Asociación LGTB Arcoiris, Honduras

Asociadas por lo Justo (JASS), organización internacional

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), México

Centro de Derechos Reproductivos (CRR), organización internacional

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Centro de la Mujer Acción Ya, Nicaragua

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Perú

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (CADIMAC), México

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Coalición Salvadoreña para la Corte Penal Internacional, El Salvador

Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador

El Refugio de la Niñez, Guatemala

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Honduras

Frente por los Derechos Igualitarios, Costa Rica

Fundación Justicia y Género, Costa Rica

Hijas de la Negrita, Costa Rica

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua

Movimiento contra el Abuso Sexual, Nicaragua

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización internacional

Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD, programa regional

Red feminista contra la violencia hacia las mujeres, Costa Rica

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

CEJIL y CLADE presentan el libro "Sumarios de Jurisprudencia: Derecho a la Educación"

CEJIL y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presentan Sumarios de Jurisprudencia: Derecho a la Educación.

La publicación, lanzada en el inicio de este año, se difunde nuevamente en el marco del Taller La justiciabilidad del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, que tiene lugar el día de hoy (14 de agosto) en Buenos Aires y reúne organizaciones miembros de la Red CLADE que actúan por el derecho a la educación en 16 países de la región.

Vie, 14/08/2015

La publicación identifica las principales decisiones sobre el derecho a la educación en los tribunales regionales e internacionales, difundiendo los principales estándares adoptados por estos organismos y facilitando una mejor defensa y protección de la educación

Sao Paolo, Buenos Aires, 14 de Agosto de 2015 -
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presentan Sumarios de Jurisprudencia: Derecho a la educación.

La publicación, lanzada en el inicio de este año, se difunde nuevamente en el marco del Taller La justiciabilidad del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, que tiene lugar el día de hoy (14 de agosto) en Buenos Aires y reúne organizaciones miembros de la Red CLADE que actúan por el derecho a la educación en 16 países de la región.

¿Cómo interpretan las diferentes dimensiones del derecho humano a la educación los organismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos? CEJIL y CLADE han tratado de identificar las principales decisiones de los tribunales regionales de protección de los derechos humanos sobre el derecho a la educación, en busca de esta respuesta.

El resultado se encuentra en este libro, que es un nuevo volumen de la colección de CEJIL "Herramientas para la protección de los derechos humanos: Sumarios de Jurisprudencia", que viene publicando títulos desde el 2010 (encuentra aquí la lista entera de sumarios bajo esta colección).

Esta publicación incluye sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Son juicios que han tenido lugar en estos tribunales desde el 1988 al 2014, y que tratan de la realización del derecho a la educación para grupos diversos, como las personas con discapacidad, migrantes, personas privadas de libertad y pueblos indígenas.

El amplio panorama de decisiones que el Sumario presenta, se erige como una herramienta para acercarse a los criterios orientadores que se vienen desarrollando desde estas instancias. “Esperamos contribuir para hacer accesible y difundir entre quienes trabajan en la temática los principales estándares producidos por los organismos internacionales facilitando su apropiación para una mejor defensa y protección de la educación”, escriben Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, y Camilla Croso, Coordinadora General de la CLADE, en la presentación de esta publicación.

La publicación está disponible para descargar a través de las páginas web de las instituciones, en castellano y en inglés:

CEJIL: www.cejil.org

CLADE: www.campanaderechoeducacion.org

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